Santo Domingo, R.D. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) han expresado su profunda preocupación ante el alarmante número de casos en los que la acción penal se extingue en los tribunales, dejando impunes numerosos procesos en los últimos cinco años.
Los presidentes de ambas instituciones, Servio Tulio Castaños Guzmán y Trajano Vidal Potentini, coinciden en que este fenómeno revela una grave ineficiencia del sistema judicial, que no cumple con los plazos establecidos, afectando tanto a víctimas como a imputados.
Castaños Guzmán subraya que la extinción de la acción penal se debe, en muchos casos, a la inacción judicial, lo que genera un impacto negativo en la aplicación de las medidas coercitivas y el respeto a los derechos fundamentales.
“El problema no es solo la mora judicial, sino el debilitamiento del Estado de Derecho, pues cuando los casos prescriben sin resolución, se erosiona la confianza en la justicia”, afirmó.
Asimismo, destacó que la prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, se convierte en una práctica común ante la falta de soluciones procesales oportunas. Esta situación contribuye a la sobrepoblación penitenciaria y al deterioro de las condiciones carcelarias, afectando la dignidad humana.
Por su parte, Vidal Potentini advirtió que el límite de cuatro años para la duración de los procesos judiciales se ha transformado en un aliado de la impunidad.
“La falta de tribunales, de jueces y de presupuesto impide que los casos sean resueltos en el tiempo que exige el Código Procesal Penal”, señaló.
Como solución, el presidente del CARD propone la creación de un manual de reglas procesales, basado en las disposiciones del Tribunal Constitucional, que permita agilizar los procesos y evitar que cada juez tome decisiones bajo criterios diferentes.
Ante esta crisis, Finjus y el CARD exhortan al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública y la Dirección General de Prisiones a convocar de manera urgente una mesa de diálogo para coordinar acciones que reviertan la tendencia de extinción de casos y refuercen la efectiva administración de justicia en el país.
